Pedro Sánchez: indecente eres tú

Durante años se ha aceptado la idea de que la corrupción era una especie de enfermedad estructural de nuestra política, un mal enquistado que aparecía periódicamente en uno u otro partido y que, pese al escándalo inicial, terminaba diluyéndose entre declaraciones ambiguas, ruedas de prensa sin preguntas y titulares efímeros. Sin embargo, lo que estamos viendo en estos momentos alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez ya no encaja dentro de esa categoría de corrupción convencional que tantos españoles, equivocadamente, llegaron a considerar casi inevitable dentro del funcionamiento de los grandes partidos. Lo que se está dibujando ante nuestros ojos es algo mucho más grave, porque no se trata únicamente de presuntos casos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias o de colocación de afines, sino de la sospecha, cada vez más difícil de disimular, de que el aparato de un partido habría podido utilizarse para interferir, presionar y sabotear investigaciones judiciales y policiales destinadas a esclarecer conductas que afectaban directamente al entorno del presidente del Gobierno.

Eso cambia por completo la naturaleza del problema, porque una democracia puede sobrevivir, aunque quede profundamente dañada, a episodios de corrupción económica. Lo que resulta mucho más complicado de soportar es la sospecha de que quienes gobiernan estén utilizando las instituciones para protegerse de la acción de la justicia, desacreditando a jueces, señalando a periodistas incómodos y desplegando una maquinaria política y mediática destinada no a defenderse públicamente, algo legítimo en cualquier democracia, sino a erosionar deliberadamente los mecanismos de control del Estado. Ese es precisamente el salto cualitativo que reflejan las últimas resoluciones judiciales y, especialmente, el registro de la sede federal del PSOE por parte de la Guardia Civil, una imagen de enorme potencia simbólica que debería haber provocado un terremoto político de dimensiones históricas en cualquier país europeo con una mínima sensibilidad institucional, porque no estamos hablando de un cargo intermedio sorprendido metiendo la mano en la caja, ni de un asesor secundario que actuaba por libre mientras la dirección miraba hacia otro lado. Lo que describen los autos judiciales es la existencia de una presunta estructura organizada cuyo objetivo habría sido «desestabilizar» investigaciones judiciales y actuaciones policiales que afectaban a los intereses de la PSOE y del Gobierno.

La cuestión es devastadora porque afecta directamente al corazón del relato político con el que Pedro Sánchez llegó al poder. Conviene recordarlo ahora, cuando desde el entorno socialista se intenta presentar cualquier crítica como una conspiración reaccionaria o como una ofensiva mediática de la extrema derecha. Sánchez no alcanzó La Moncloa defendiendo únicamente un programa económico o una determinada visión territorial de España. Llegó al poder levantando una bandera moral. La moción de censura contra Mariano Rajoy se construyó alrededor de la idea de que el Partido Popular había perdido toda legitimidad ética para seguir gobernando. Aquella frase del juez De Prada sobre un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» fue convertida por la PSOE en una especie de acta de defunción moral del Gobierno popular. Y fue el propio Sánchez quien años antes le espetó a Rajoy en un debate electoral aquella frase que todavía resuena hoy con una ironía demoledora: «Usted no es un hombre decente».

La política tiene estas cosas. Las varas de medir que uno utiliza contra sus adversarios terminan volviéndose contra él mismo cuando las circunstancias cambian. Y el problema para Sánchez es que la acumulación de escándalos que rodean a su entorno político, familiar y orgánico empieza a adquirir unas dimensiones imposibles de separar en distintos compartimentos. Es que ya no hablamos de casos aislados, sin relación entre sí, ni de personas que pasaban casualmente por allí. Las investigaciones afectan a figuras situadas en el núcleo duro del sanchismo, a personas nombradas, protegidas y promocionadas directamente por el presidente del Gobierno, desde sus secretarios de Organización hasta miembros de su círculo político más cercano. A partir de ahí, la gran pregunta ya no es únicamente penal, sino política. Y esa diferencia es fundamental. En un Estado de derecho, la responsabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales, mediante pruebas y garantías procesales, pero la responsabilidad política funciona de otra manera, porque depende también de la ejemplaridad, de la confianza pública y de la credibilidad institucional. Un presidente puede no estar formalmente imputado y, aun así, haber perdido completamente la autoridad moral necesaria para seguir al frente del Gobierno. De hecho, lo más preocupante de todo este escenario no es siquiera lo que ya se conoce, sino la naturalidad con la que una parte del poder político parece haber asumido que desacreditar jueces, presionar a periodistas o atacar a las fuerzas policiales forma parte del combate político cotidiano. 

Durante meses hemos asistido a una campaña permanente contra la UCO, contra determinados magistrados y contra medios de comunicación incómodos, presentando cualquier investigación sobre el entorno presidencial como una operación ilegítima de persecución ideológica. El problema aparece cuando, paralelamente a ese discurso público, los autos judiciales empiezan a describir movimientos organizados para intervenir activamente en esos procedimientos; entonces la famosa «máquina del fango» deja de ser una denuncia política para convertirse en una gigantesca operación de victimización destinada a blindar al poder. A blindarse en el poder. Pero lo cierto es que cuesta mucho, muchísimo creer que todo esto pudiera desarrollarse al margen del presidente del Gobierno, no porque existan pruebas concluyentes que lo incriminen directamente -algo que corresponde, insisto, dilucidar a los jueces-, sino porque resulta incompatible con el funcionamiento real de un partido profundamente jerarquizado. Pensar que un secretario de organización, altos cargos del partido, operadores políticos y personas vinculadas a Moncloa podían coordinar durante meses una estrategia de presión y sabotaje institucional sin que el máximo líder tuviera conocimiento alguno exige un grado de ingenuidad verdaderamente extraordinario.

Lo más inquietante es que, pese a la gravedad de todo lo que está sucediendo, la sensación dominante en el Gobierno no parece ser la de preocupación institucional, sino la de pura resistencia numantina. Sánchez insiste en agotar la legislatura como si el problema fuera únicamente parlamentario, como si bastara con conservar el apoyo de sus socios para mantener intacta la legitimidad política del Ejecutivo. Y quizá ahí reside uno de los grandes dramas de la España actual: hemos reducido la democracia a una simple aritmética de votos en el Congreso, olvidando que la calidad democrática también depende de la confianza en las instituciones, de la separación de poderes y de la existencia de ciertos límites morales que ningún gobernante debería cruzar aunque disponga de mayoría suficiente para hacerlo. A estas alturas, el problema ya no consiste únicamente en determinar si determinados dirigentes cometieron delitos concretos; el verdadero problema es que millones de españoles empiezan a percibir que las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de autoprotección del poder, y esa percepción, incluso antes de que existan condenas firmes, erosiona gravemente la confianza colectiva en el sistema democrático.

No sabemos todavía cuál será el desenlace judicial de todos estos procedimientos. Puede que algunas acusaciones terminen decayendo y que otras se consoliden, puede incluso que nunca llegue a demostrarse una implicación directa del presidente, pero hay algo que ya parece irreversible: la enorme degradación institucional que ha dejado este proceso y la profunda fractura de confianza que ha provocado en buena parte de la sociedad española. Y precisamente por eso resulta me incomprensible que Pedro Sánchez siga actuando como si nada de esto justificara, al menos, una consulta inmediata a los ciudadanos. Quien llegó al poder invocando la regeneración democrática debería haber entendido hace tiempo que la ejemplaridad no puede exigirse únicamente al adversario porque cuando uno convierte la moral pública en el fundamento principal de su legitimidad política acaba quedando inevitablemente atrapado por ella.

Al final, Pedro Sánchez, el más indecente de aquel debate eras tú.